Más allá, el estudio del funcionamiento de los dispositivos jurídicos y sociales susceptibles de desarrollar los recursos movilizables permitirá plantearse cómo el marco normativo puede ser adaptado a la magnitud de formas de movilidad, hoy accesibles a todo el mundo. Podemos así preguntarnos en qué medida la legislación sobre el control físico de las fronteras es compatible con la desaparición virtual y, a veces real, de las fronteras materiales. Incluso a escala nacional, pueden observarse distorsiones entre dos escalas difíciles de conciliar: por un lado, los espacios de protección territorialmente definidos y, por otro, el de las trayectorias individuales que se caracterizan por una gran movilidad. Este planteamiento dará lugar a  intercambios con el eje de ciudadanía social, respecto a la territorialización de las acciones de protección social.  

Estas etapas contribuyen a construir la autonomía de las personas al interactuar unas con otras, desde una perspectiva a la vez singular y condicionada por los recursos de los que disponen y por los contextos sociohistóricos que afrontan. Estos recursos son el resultado de factores personales, sociales y jurídicos. Las normas y dispositivos de protección influyen en las trayectorias personales por las oportunidades que ofrecen o, al contrario, por los obstáculos que crean, respecto a las diferentes aspiraciones.

Así pues, esta temática se estructura en torno a varias cuestiones. ¿Cómo las diferentes dimensiones de la trayectoria vital interactúan entre sí? ¿Se pueden identificar los factores que favorecen el fortalecimiento y la diversificación de recursos? ¿Hasta qué punto se puede medir la influencia del sistema normativo en la capacidad de las personas para desplegar los recursos que favorecen su autonomía? Estas cuestiones resultan especialmente pertinentes en el contexto actual. El desarrollo considerable de los medios de transporte y la revolución creada por Internet en materia de intercambio de información amplían de manera inédita las posibilidades, ya sea en términos de movilidad, de trayectorias profesionales o incluso en el acceso a los bienes de consumo.

La autonomía es, por tanto, un valor central en nuestra sociedad. No obstante, no podemos ignorar que este modelo debilita a quienes precisamente no tienen recursos suficientes para acceder a esta autonomía. El derecho tiene entonces la doble misión de garantizar que todos accedan a esta autonomía y, más que eso, suplir las carencias de quienes no tienen los medios para asumir la libertad de elección que se les ofrece. En este contexto el riesgo es que se abra una brecha entre los objetivos que se propone el derecho positivo y los resultados que consigue o, más fundamentalmente, entre las aspiraciones de los individuos y el conjunto de sus recursos. Es el estudio de estos últimos en torno al que girará este eje. El estudio tendrá como objetivo la identificación de los recursos movilizables y el modo de funcionamiento de los dispositivos jurídicos y sociales susceptibles de fomentar el desarrollo de los mismos. Este planteamiento se basará, sobre todo, en los estudios realizados en torno a dos categorías de personas: la de las personas cuyo deseo de emigrar ha sido instrumentalizado en el marco de  redes de trata de seres humanos y la de los beneficiarios del microcrédito personal.

Los recursos movilizables en estas trayectorias de construcción de la autonomía de las personas proceden de varios ámbitos: la esfera familiar (ayuda y solidaridad privadas ya sea de carácter material o no); la educación, la formación y el reconocimiento social a través de las formaciones y titulaciones; la esfera económica (ingresos, propiedades, créditos…).

Este planteamiento se basará en los estudios realizados en torno a dos categorías de personas: la de las personas cuyo deseo de emigrar ha sido instrumentalizado por redes de trata de seres humanos y la de los beneficiarios de un crédito (tanto los endeudados como los beneficiarios de un microcrédito personal). El equipo prestará una atención particular a la manera en que los instrumentos (formales e informales) de crédito permiten suplir la falta de recursos, examinando al mismo tiempo el papel que tienen las deudas –económicas o incluso simbólicas– en las trayectorias vitales. Son numerosas las investigaciones realizadas por el equipo en el ámbito de la insuficiencia de recursos económicos, tanto desde el ángulo de la pobreza (sobre todo con la acción científica del Observatorio de Precariedad-Pobreza de Gironda) como desde el ángulo de las prestaciones sociales básicas. Las investigaciones serán ampliadas con un enfoque comparativo en el que se analizarán las condiciones de vida de los jóvenes y su inserción profesional en el Norte y en el Sur y las investigaciones jurídicas de derecho comparado en materia de prestaciones sociales básicas. Estudiar la carencia de recursos es también preguntarse sobre las consecuencias en términos de vulnerabilidad sanitaria (mortalidad prematura, morbilidad)  y de riesgos de exclusión y discriminación. Estas perspectivas de investigación abren espacios de colaboración intertemática entre el conjunto de investigadores del eje, así como con otros equipos bordeleses, sobre todo, en materia de salud juvenil, dependencia de las personas mayores o la vivencia personal de las desigualdades.