En primer lugar, el ámbito jurisdiccional. Poder acudir al juez es una condición sine qua non para que un derecho reconocido por ley sea efectivo. Por supuesto, lo contencioso suele ser un objeto clásico de estudio para juristas. Aquí nos centramos, sobre todo, en el análisis de la jurisprudencia comparada respecto a las cuestiones fundamentales del derecho social: ¿Cómo se tratan en diferentes países las discriminaciones en el empleo y en el acceso a las prestaciones sociales? ¿Cómo se plantea en algunas jurisdicciones extranjeras la cuestión de la reparación de los daños derivados de una relación laboral? El equipo de COMPTRASEC desplegará todos sus recursos, internos y externos, para trabajar con los materiales pertinentes en este tipo de estudio. Además, se prestará especial atención a los litigios que tengan un carácter jurídico internacional. Estos litigios cada vez son más frecuentes y tienen mayor  complejidad, encontrándose el juez a menudo en primera línea para hacer/decir el derecho. Recurriremos a las competencias específicas de algunos miembros del equipo en materia de derecho internacional privado laboral para identificar los principales cambios en la materia. Nos ocuparemos después de los espacios de negociación y diálogo social, tanto a nivel nacional como europeo e internacional. Aunque ciertas formas de negociación y diálogo parecen hoy estar bien «asentadas» en el orden jurídico, hay que señalar el hecho de que se plantean nuevas cuestiones y nuevos conflictos. Se observa el surgimiento de nuevos actores colectivos que cuestionan la legitimidad de los tradicionales sindicatos en la representación de sus intereses y en su papel de regulador jurídico. En el ámbito europeo, junto al espacio aún indiscutible del diálogo social, surge el del diálogo civil, con protagonistas de la sociedad aparte de las organizaciones patronales y sindicales. La función de estas instancias, de estos espacios de confrontación, ha de ser estudiada, así como su legitimidad y representatividad.

Por último, conviene dar continuidad al estudio de un actor especial en la regulación de las relaciones de trabajo, esto es, la Administración de Trabajo y la Inspección de Trabajo. Respecto a la cuestión antes mencionada del debilitamiento del Estado social, ¿se aprecia una disminución de las prerrogativas y de los medios y/o un cambio de ámbitos y modos de intervención de la Administración de Trabajo y sus agentes?  Paradójicamente, pese a que se suele acusar a la UE de dar prioridad a la economía y a las empresas en detrimento de lo social y de los intereses de los trabajadores, desde la misma se pide hoy que se refuercen tantos las capacidades de control de las inspecciones de trabajo como las cooperaciones transfronterizas, al menos en ciertos asuntos (ej. los desplazamientos de los trabajadores en el ámbito de prestaciones de servicios). Es indiscutible que el lugar que tenga que ocupar la Inspección de Trabajo depende de la influencia cruzada de dos factores. El primero es bastante conocido: depende de los cambios del sistema productivo. El segundo se menciona mucho menos y se enmarca en las modificaciones de la acción administrativa. El marco europeo y sus cooperaciones administrativas permiten además comparar modelos «generalistas» y «especializados» de Inspección de trabajo. Por otro lado, otro ámbito de investigación comparativa lo encontramos en la aplicación de normas internacional del trabajo (C. 81, 129, 150,…) en los espacios marcados por proyectos de integración económica  (ej. UEMOA), incluso jurídica (ej. OHADA), sin olvidar los espacios sometidos a una informalidad de las relaciones laborales, donde se llama a rechazar la participación y la innovación en materia de prácticas administrativas e inspecciones de trabajo en los países en vía de desarrollo. El equipo tiene el cometido de estudiar en profundidad todas estas cuestiones, en particular apoyándose en sus estrechas relaciones con los profesionales del sector y en la red internacional del Centro.